La política, cuando se ejerce con convicción, no debería ser un escenario de reflectores personales ni un trampolín de protagonismos. Debería ser —y así fue vendida en campaña— una herramienta para construir mejores servidores públicos, comprometidos con los ciudadanos que apostaron por un proyecto político bajo reglas claras, límites institucionales y responsabilidades bien definidas.
Por eso, el análisis de hoy no parte del linchamiento fácil ni del golpeteo gratuito. Parte de una pregunta mucho más incómoda: ¿en qué momento el cargo dejó de ser servicio y pasó a ser espectáculo?
Las declaraciones recientes del director de Comunicación Social del Municipio de Ciudad Juárez, Carlos Nájera Payán, no son un simple error de lenguaje ni una frase mal calculada. Son, a todas luces, una confesión política y administrativa que exhibe una forma de entender el poder profundamente equivocada.
Cuando se afirma públicamente que “se consiguió voluntarios, entre ellos gente que colabora con nosotros en la presidencia municipal, gente del partido… que se suma a los trabajos de brigadeo de Morena”, no estamos ante una opinión personal. Estamos ante la admisión expresa del uso de estructura municipal, personal público y vínculos institucionales para fines partidistas.
Y ahí está el punto medular.
La Constitución no prohíbe la militancia, ni las leyes no criminalizan la simpatía política. Pero sí prohíben de manera tajante que los recursos humanos, materiales o institucionales del Estado se utilicen para favorecer a un partido, una persona o un proyecto político.
No es un tecnicismo. Es un principio democrático básico.
Por segunda ocasión, Carlos Nájera Payán es llevado al banquillo del debate público, no por una campaña de adversarios, sino por sus propias palabras. Palabras que revelan una peligrosa confusión entre gobierno y partido; entre comunicación institucional y propaganda política; entre función pública y activismo.
Aquí no se juzga la ideología, pero si se juzga la responsabilidad del cargo.
Quien encabeza Comunicación Social no solo administra presupuesto o pauta medios; administra la narrativa institucional del gobierno, y por lo tanto tiene la obligación legal y ética de cuidar cada declaración, cada mensaje y cada acto. No hacerlo no es valentía, es imprudencia institucional. Y peor aún: es soberbia.
La soberbia de creer que el puesto te pertenece.
La soberbia de pensar que el cargo te protege.
La soberbia de asumir que el poder justifica todo.
Cuando un funcionario siente la necesidad de estar constantemente “en boca de todos”, aunque sea cruzando líneas legales, algo se rompió en su comprensión del servicio público. Porque el fin último del gobierno no es el lucimiento personal, sino el bienestar colectivo.
Estas declaraciones no solo vulneran leyes electorales y principios constitucionales de imparcialidad; desprecian el trabajo de otros servidores públicos, comprometen a una administración completa y colocan al ciudadano —otra vez— como espectador de errores que no le corresponden pagar.
El problema no es que haya consecuencias jurídicas, si no que el verdadero problema es que no haya conciencia política.
Hoy más que nunca, los cargos públicos exigen preparación, prudencia y sentido de Gobernabilidad. No declaraciones impulsivas. No protagonismos innecesarios. No el uso del poder para partidizar lo que debe ser institucional.
Rendir cuentas no es responderles a los contrarios, sino verdaderamente, rendir cuentas es responderles a los ciudadanos.
Y cuando se olvida eso, no falla la oposición, totalmente falla el servidor público.
Porque la política no se fortalece gritando más fuerte, sino respetando las reglas que sostienen una verdadera democracia.