En política, una fotografía nunca es solamente una fotografía. Detrás de cada imagen existe un mensaje cuidadosamente construido para conectar con un sector de la sociedad. Por eso, cuando una diputada publica con orgullo que regresa a la iglesia donde creció, recuerda los valores de servir a los demás y entrega juguetes a niñas y niños de una Escuelita de Verano, el mensaje parece claro: cercanía con la comunidad, con la familia y con los valores que ahí se enseñan.
Hasta ahí, nada tendría de extraordinario.
El problema aparece cuando los ciudadanos comienzan a comparar esa imagen con las posturas públicas que los propios representantes han asumido dentro de su actividad política.
Las iglesias cristianas, ya sean católicas, adventistas, evangélicas o de cualquier otra denominación, comparten en términos generales una enseñanza sobre la dignidad de la vida humana y la protección de la vida desde sus primeras etapas. Es uno de los principios que históricamente han sostenido y que enseñan a sus congregaciones.
Por ello, cuando un representante popular que ha respaldado públicamente iniciativas o posturas relacionadas con la despenalización del aborto acude a esos espacios para presentarse como parte de esa comunidad, es natural que muchos creyentes se pregunten si existe congruencia entre el mensaje político y el mensaje religioso.
La pregunta no es si una diputada puede entrar a una iglesia. Por supuesto que puede.
La verdadera pregunta es otra. ¿Las iglesias conocen realmente la trayectoria legislativa y las posiciones públicas de quienes reciben? ¿O únicamente conocen la fotografía del momento?
La política moderna ha perfeccionado el arte de aparecer donde más conviene electoralmente. Hoy vemos políticos en iglesias, en escuelas, en mercados, en asociaciones civiles y en cualquier espacio donde pueda construirse una buena imagen pública.
Pero la representación popular no se mide por fotografías. Se mide por las decisiones que se toman cuando se vota una ley. Ahí es donde verdaderamente se conoce el pensamiento de un legislador.
La congruencia es el activo más valioso que puede tener un servidor público, y ellos desconocen el significado de esa palabra. Si un político decide acercarse a una comunidad de fe, también debe estar dispuesto a que esa comunidad conozca el conjunto de sus decisiones públicas y valore si éstas son consistentes con los principios que dice compartir.
No se trata de excluir a nadie ni de convertir los templos en espacios de confrontación política. Se trata de que la ciudadanía ejerza un voto informado y conozca integralmente a quienes buscan representarla.
Las iglesias tampoco deberían convertirse en escenarios para campañas permanentes de imagen. Son comunidades que forman personas, transmiten principios y acompañan a miles de familias. Precisamente por eso merecen conocer con claridad quiénes son los servidores públicos que buscan acercarse a ellas y cuáles han sido sus actuaciones dentro de los órganos legislativos.
La democracia también exige memoria.
Los ciudadanos tienen derecho a recordar no solamente las fotografías publicadas en redes sociales, sino también las votaciones, las iniciativas, los posicionamientos y las decisiones que cada representante ha respaldado durante su encargo.
Porque servir a la comunidad no comienza cuando se entrega un juguete frente a una cámara.
Comienza cuando existe coherencia entre las convicciones que se expresan en público y las decisiones que se toman en el ejercicio del poder. Y esa congruencia, al final, no la juzgan las redes sociales.
La juzgan los ciudadanos cuando llega el momento de volver a depositar su confianza en las urnas.
