Si el primer análisis muestra el fracaso de una política pública, el último paso abre una puerta mucho más delicada: la responsabilidad legal y política de los funcionarios.
Porque aquí ya no hablamos solo de mala gestión. Hablamos de conductas que pueden encuadrar en violencia política en razón de género. El caso es claro.
Cuando el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, criticó el engomado ecológico, no hubo reacción institucional.
No hubo descalificaciones ni hubo señalamientos.
Pero cuando la diputada Xóchitl Contreras presentó un exhorto y posteriormente una iniciativa para modificar costos y multas, la reacción fue completamente distinta.
Se le acusó de no querer a la ciudad, por las pruebas presentadas, fomentar la contaminación tras no llegar a la meta requerida, afectar la salud pública por los contaminantes en el aire, humo, partículas y provocar la caída en ingresos con los cuales se realizaría unos “arreglitos al parque chamizal”
Y esto no ocurrió una vez, esto ocurrió de manera reiterada. Ahí es donde el caso cambia de dimensión.
De acuerdo con los criterios del Instituto Nacional Electoral, la violencia política en razón de género se configura cuando se busca menoscabar, descalificar o invisibilizar el ejercicio de los derechos políticos de una mujer, afectando su desempeño o su función pública.
Y en este caso, hay elementos claros:
- Se descalificó de manera sistemática el trabajo legislativo de una mujer.
- Se le atribuyeron consecuencias negativas sin sustento directo.
- Se le señaló públicamente como responsable de decisiones administrativas que no le corresponden.
- Se generó un discurso reiterado para desacreditar su función.
Además, se evidencia un trato diferenciado: a un hombre se le ignora, a una mujer se le confronta y se le culpa. Eso es clave.
Porque la violencia política de género no siempre es directa o explícita. También se construye a través de patrones, repeticiones y discursos de desprestigio.
Y aquí hay un elemento que agrava aún más el caso: César René Díaz fue Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es decir, conocía —o debía conocer— perfectamente los límites del ejercicio del poder, el impacto del discurso público y las implicaciones de sus declaraciones.
Y aun así, decidió cruzar esa línea. Hoy, la consecuencia es clara: una demanda por daño moral y violencia política en razón de género. Lo que comenzó como una mala política pública, terminó escalando a un posible conflicto legal.
Y eso deja una lección contundente: no solo basta con ocupar un cargo público. Hay que saber ejercerlo con responsabilidad. Porque cuando el poder se usa para imponer, descalificar o culpar, deja de ser gobierno… y se convierte en abuso.
Y en este caso, la última palabra ya no la tendrá la política. La tendrá la ley.
