La trágica muerte de tres integrantes del equipo del popular payaso Brincos Dieras ha vuelto a poner de manifiesto la catastrófica situación de las carreteras federales en México. Este lamentable suceso, ocurrido en un tramo federal, es un doloroso recordatorio de la negligencia e irresponsabilidad del gobierno federal en el mantenimiento de la infraestructura vial.
En el primer semestre del año, se han registrado 5,520 accidentes en los tramos federales de todo el país, ocasionados directamente por baches. De estos accidentes, Chihuahua aporta 500, una cifra que habla por sí sola del estado de abandono en el que se encuentran nuestras carreteras. Esto significa que, en promedio, casi 84 accidentes ocurren cada mes en esta entidad. Estas cifras, sin embargo, no incluyen las innumerables ponchaduras de neumáticos que, aunque no terminan en accidentes formales, representan un enorme peligro y un constante recordatorio del descuido gubernamental.
La diputada federal Carmen Rocío Alonso ha denunciado repetidamente esta situación, calificando las cifras de accidentes como un testimonio de la indolencia e irresponsabilidad del gobierno federal. En los últimos tres años, no se ha presupuestado ni un centavo para el mantenimiento de las carreteras federales en Chihuahua. Solo se destinó un recurso extraordinario de 520 millones de pesos en 2023 para la vía corta a Parral, una cantidad irrisoria que ha sido insuficiente para cualquier mejora significativa, resultando en un constante rebacheo que no resuelve el problema de fondo.
El estado de Chihuahua necesita urgentemente una inversión de 9 mil millones de pesos para reparar y mantener adecuadamente sus carreteras federales. La falta de inversión durante este sexenio ha llevado a un deterioro tan grave que ahora los costos de actualización son desmesuradamente altos. Esta falta de previsión y cuidado no solo es un fracaso administrativo, sino una traición a la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Las consecuencias de esta falta de mantenimiento son devastadoras. Los accidentes viales resultan en daños materiales significativos, lesiones graves y, como en el reciente caso del equipo de Brincos Dieras, la pérdida de vidas humanas. Además, la infraestructura vial deteriorada afecta negativamente el transporte de mercancías, aumentando los costos logísticos y, en última instancia, los precios de los productos de consumo. Este ciclo vicioso de deterioro y abandono tiene un impacto profundo y negativo en la economía local y nacional.
Es imperativo que el próximo gobierno tome medidas decisivas y urgentes para abordar esta crisis. La inversión en infraestructura vial debe ser una prioridad absoluta. No se trata solo de mejorar las condiciones de las carreteras, sino de garantizar la seguridad de los ciudadanos y promover un desarrollo económico sostenible. La transparencia y la eficiencia en la asignación y uso de los fondos son esenciales para asegurar que cada peso invertido se traduzca en mejoras reales y duraderas.
En conclusión, la situación de las carreteras federales en México, y especialmente en Chihuahua, es una emergencia que no puede ser ignorada. Las cifras de accidentes y el evidente deterioro de la infraestructura son una clara señal de la necesidad de una política de inversión en mantenimiento vial que sea robusta y sostenida. Solo a través de un compromiso firme y acciones concretas podremos garantizar la seguridad de los ciudadanos y asegurar un futuro económico próspero para el país. La reciente tragedia del equipo de Brincos Dieras es un llamado urgente a la acción: no podemos permitir que más vidas se pierdan por la negligencia del gobierno.