La diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) suscribió una iniciativa de reforma para garantizar que ningún aspirante o candidato con antecedentes de violencia familiar, doméstica o de género en el ámbito privado o público obtenga una diputación federal o local.
La legisladora argumentó que la iniciativa pretende que las y los representantes populares federales y estatales sean personas capaces, con calidad moral, para que la población se sienta verdaderamente representada.
“La probidad debe ser requisito de elegibilidad, porque no basta con comprometerse con la igualdad y la vida libre de violencia, sino ser congruentes en la vida cotidiana. Hoy, lo personal es político y no se deben permitir agresores ejerciendo cargos públicos al amparo de la Ley”, expresó.
Esta iniciativa propone reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que sea requisito de elegibilidad al cargo legislativo federal o estatal “no haber sido condenados o sancionados por violencia familiar, doméstica o agresión de género en el ámbito privado o público”, así como por delitos sexuales, contra la libertad sexual, intimidad corporal o ser deudor alimentario moroso.
Pérez Segura indicó que se contempla un artículo transitorio para que los congresos locales de las 32 entidades del país adopten estas disposiciones para quienes pretendan contender por un cargo de representación local.
Mencionó que hubo intentos importantes desde el INE para que los partidos asumieran este compromiso, como la propuesta de adhesión a la campaña He for she promovida por ONU Mujeres en el contexto del proceso electoral 2017-2018.